¿Pueden los funcionarios restringir los comentarios en sus publicaciones de redes sociales?
- Iván Cruz
- hace 3 horas
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Funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno utilizan la función de restringir los comentarios en algunas de sus redes sociales, como es el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, la diputada federal Patricia Armendáriz o el Secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto. Pero ¿qué dice la Ley sobre esto?
Restringir los comentarios no está prohibido en las leyes mexicanas, ni tampoco permitido abiertamente. Es más una zona gris en la jurisprudencia que permite a los funcionarios a evadir el debate directo o recibir críticas de parte de usuarios de redes sociales.
Si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de la Función Pública sí han resuelto que los funcionarios no deben bloquear a usuarios de redes sociales, no existe una norma o regla escrita que les impida cerrar a nivel general los comentarios en sus publicaciones.
Lo que sí está estipulado en la Ley es que las cuentas de instituciones gubernamentales y servidores públicos son considerados, para efectos legales, como canales de comunicación oficial, por lo que a lo único que están obligados es a que permanezcan abiertas y consultables para todos los ciudadanos.
Según la jurisprudencia, al usar estas plataformas para informar de sus actividades o compartir información oficial, los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio público. Es decir, que deben tener una tolerancia mayor a la crítica.
Limitar la interacción de la ciudadanía para evitar la crítica directa podría vulnerar el derecho a la información y la rendición de cuentas, lo que termina convirtiendo un espacio de diálogo directo con la población en un cuenta meramente informativa.
Los funcionarios que no permiten comentar sus publicaciones no están, por ahora, incumpliendo la ley. Sin embargo, hay personas que consideran que sí podrían estar atentando contra la libertad de expresión de los usuarios y la rendición de cuentas.
En 2024, dos personas promovieron un juicio contra Lenia Batres para que abriera los comentarios de sus redes sociales, señalando violaciones a la libertad de expresión y al derecho de petición, establecidos en los artículos 1,6, 7 y 8 de la Constitución.
Sin embargo, al final no se logró que la ministra permitiera los comentarios en sus redes, bajo la justificación de que los contenidos de su cuenta eran públicos, por lo que no se vulneró el acceso a la información o la libertad de expresión.
El tema es muy debatido en redes sociales, en donde usuarios recriminan duramente a los funcionarios que no permiten comentarios en sus publicaciones, pues consideran que al ser servidores públicos deben ser más tolerantes y permitir una conversación más abierta con la ciudadanía.