Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas aclara investigación contra Israel Valdez

El fiscal especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper explicó que no existe una orden de arraigo en contra de Israel Alejandro Valdez Sánchez, ni denuncias relacionadas con presuntos sobornos, como el empresario afirmó en diferentes medios de comunicación.

García Repper aclaró que la investigación actual tiene que ver con una denuncia presentada por el Gobierno de Tamaulipas por los presuntos delitos de falsedad de declaraciones ante un tribunal y fraude procesal.

Sobre las medidas impuestas por el juez, el funcionario detalló que estas no privan de la libertad al empresario, sino que buscan garantizar su comparecencia en el proceso. Dijo que la resolución únicamente le exige entregar su visa y pasaporte, así como solicitar autorización si necesita salir de Ciudad Victoria, permitiéndole moverse libremente dentro de la ciudad:

"Él puede salir de la ciudad con autorización judicial, puede circular libremente en la ciudad, y si le pide autorización al juez para salir del país, dependerá de lo que el juez le dé permiso", señaló García Repper.

Respecto al origen del conflicto legal entre  Israel Alejandro Valdez Sánchez y el Gobierno de Tamaulipas, el fiscal aclaró que la Fiscalía no investiga si la cancelación del contrato de despensas fue legal o ilegal, ya que esa controversia se resuelve por la vía administrativa.

La investigación en curso, señaló el funcionario, apunta a que el empresario mintió sobre las pólizas de garantía que debía presentar para el servicio, pues los datos obtenidos de la afianzadora contradicen su versión.

“Él afirma haber entregado en tiempo las pólizas que como proveedor deben garantizar la prestación de sus servicios, cuando el gobierno y esta Fiscalía se dedican a investigar efectivamente cómo se dieron todos los trámites del contrato, se percatan que la afianzadora responde que no, que estas pólizas ni siquiera se habían entregado en la firma”.

García Repper desmintió que existan denuncias formales por extorsión, sobornos o amenazas, a pesar de los señalamientos públicos del proveedor, y recordó que la fiscalía cuenta con mecanismos de protección si el empresario los solicita formalmente.