Gobierno de Tamaulipas niega persecución política contra Grupo Empresarial Dalka

El Gobierno de Tamaulipas negó que exista una persecución política contra Grupo Empresarial Dalka y aseguró que el litigio relacionado con la empresa ha sido revisado durante más de tres años por autoridades administrativas, judiciales y federales.

En conferencia de prensa, el consejero jurídico del gobierno estatal, Marco Antonio García Barrientos, afirmó que el caso no responde a diferencias personales, intereses políticos o campañas mediáticas.

García Barrientos aseguró que durante todo el litigio no existe registro de denuncias formales en las que se acuse a Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya, de solicitar pagos indebidos o "moches" a cambio de contratos:

“Las resoluciones emitidas por los tribunales se construyeron con base en documentos, pruebas y elementos incorporados formalmente a los expedientes, no a partir de declaraciones realizadas en medios de comunicación”.

El funcionario explicó que el conflicto se originó a partir de un contrato firmado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas. Según la versión oficial, el acuerdo fue rescindido debido a que la empresa no habría cumplido con una obligación relacionada con la presentación de pólizas de garantía requeridas para asegurar el cumplimiento del contrato.

Tras esa decisión, la empresa promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Marco Antonio García Barrientos recordó que una resolución inicial favoreció a la compañía, pero posteriormente el Pleno del Tribunal revocó por unanimidad esa determinación y ordenó reponer el procedimiento, decisión que más tarde fue confirmada por autoridades federales:

“El objetivo es que la ciudadanía conozca el contexto completo de este asunto. No estamos frente a una controversia política ni mediática; estamos frente a un caso que ha sido analizado durante años por tribunales, autoridades administrativas, fiscalías y órganos jurisdiccionales competentes”.

Sobre la investigación penal en curso contra el propietario y representante de la empresa, el consejero jurídico señaló que ésta surgió por presuntas inconsistencias detectadas durante los procedimientos legales.