Caso Cabeza de Vaca entra en posible revisión de extradiciones entre México y EU
- Iván Cruz
- hace 1 hora
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de revisar las solicitudes de extradición presentadas por México que continúan pendientes, entre ellas la del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien es requerido por la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta posibilidad fue planteada por Todd Blanche, Fiscal General en funciones de Estados Unidos, durante una conversación con el periodista Jesús García, del diario La Opinión, en Washington.
Al ser cuestionado sobre las peticiones de extradición enviadas por México que aún no reciben respuesta, respondió: "No tengo los detalles, pero deberían revisarse tales peticiones, claro".
De acuerdo con el periodista, Blanche también destacó la coordinación que mantienen ambos países en materia de seguridad. Señaló que existe comunicación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Uno de los expedientes pendientes es el de Francisco García Cabeza de Vaca, quien reside en Texas mientras enfrenta procesos iniciados por la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el exgobernador Cabeza de Vaca cuenta con ciudadanía mexicana y estadounidense y vive en territorio estadounidense. Señaló que México ha solicitado su extradición sin que hasta el momento exista una respuesta por parte del gobierno de ese país.
La mandataria también afirmó que, en caso de encontrarse en México, García Cabeza de Vaca tendría que comparecer ante las autoridades judiciales, al reiterar que existe una orden de aprehensión vigente en su contra.
El pasado 24 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó por unanimidad el amparo que impedía ejecutar esa orden de captura, por lo que el mandato judicial quedó nuevamente vigente.
El máximo tribunal explicó que, en esta etapa del proceso penal, basta con la existencia de datos que permitan presumir razonablemente la comisión de un delito y la probable responsabilidad del imputado.
La investigación contra el exmandatario comenzó a partir de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera entre julio y noviembre de 2020.
La carpeta de investigación incluye un presunto esquema de triangulación de recursos relacionado con contratos de obra pública, operaciones entre empresas, movimientos financieros e inversiones inmobiliarias.