El Consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, publicó un artículo en el periódico Reforma en el cual explica cómo podrían anularse las elecciones de 2024 en referencia al Plan B de la Reforma Electoral.
Esta incluye disposiciones que, de prosperar, pueden llevar al extremo de causar la nulidad de los comicios, dice. La primera es impedir el trabajo territorial de la autoridad electoral pues hoy el INE se estructura con 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por cada distrito electoral que marca la Constitución.
Cada junta está conformada por cinco funcionarios del servicio profesional electoral quienes llegaron a estos cargos por concursos públicos y que se someten a capacitación y a una evaluación permanente.
Ciro Murayama explicó las consecuencias de la desaparición de juntas distritales
Dichos equipos actualizan diariamente el padrón y la cartografía electoral por lo que hacen posibles elecciones genuinas en todo el país.
Por ello, el plan B desaparece estas 300 juntas distritales y las sustituye por oficinas auxiliares de un solo funcionario.
Murayama hace referencia a la gravedad por el artículo 61, numeral 4, inciso b de la nueva ley en donde dice que: “en las zonas metropolitanas que abarquen más de un distrito habrá una oficina auxiliar”.
En la zona metropolitana del Valle de México donde hay 52 distritos electorales habría una sola oficina y un funcionario para lograr el voto de más de 16 y medio millones de electores.
“Simplemente imposible. Algo similar ocurriría en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara, Puebla, por lo menos ¿qué fin motiva el impedir la organización de las elecciones?”, continúa explicando el consejero.
Los equipos con los que trabaja el @INEMexico para otorgar tu credencial se renuevan usando un fideicomiso con el dinero que se cobra a la banca por la autentificación de sus clientes.
Eso quiere desaparecer el plan B, dañando el servicio público gratuito que te brinda el INE 👇 pic.twitter.com/JnshWRK7Fn
— Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) January 31, 2023
En cuanto a la segunda consecuencia se refiere a la afectación en el funcionamiento de las casillas y menciona que una de las garantías de los partidos para vigilar la legalidad de las votaciones consiste en tener representantes en cada casilla.
Como el INE instala más de 160 mil casillas y cada partido acredita a dos representantes, se habla de más de dos millones 240 mil representantes de partidos.
Cada uno debe estar debidamente acreditado por el INE en cada casilla. Es un trabajo que lleva varios días: la ley actual dice que los partidos registren a sus representantes 13 días antes de la jornada electoral y los puedan sustituir hasta 10 días antes de la votación.
Lo anterior nunca ha generado problemas pero el plan B de la reforma pretende que ese registro se realice 48 horas antes de la votación y que los representantes puedan ser cambiados el día antes de los comicios.
De esta forma, los presidentes de casilla no sabrán quiénes son los representantes acreditados. Si se niega el ingreso de un representante a una casilla, toda la votación puede ser anulada.
Mientras que si se deja entrar a alguien que no sea representante acreditado también se anula la casilla y esto hace referencia al artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral.
En cuanto a la tercera consecuencia, el consejero explica que se obstaculiza el regreso de los paquetes electorales al INE.
Al terminar el trabajo en cada casilla se cierra el paquete electoral que debe regresarse a una de las 300 sedes del INE para que los votos se incluyan en el cómputo distrital.
En esta tarea, los ciudadanos presidentes de casilla pueden ser auxiliados por Capacitadores Asistentes Electorales (CAEs) del INE.
Durante la elección federal de 2021, 55% de los paquetes electorales, alrededor de 88 mil, fueron entregados por los CAEs.
En cambio, la reforma deroga el inciso f, numeral 2, del artículo 303 de la Ley Electoral que permitía la asistencia en el traslado de paquetes.
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