Todas las personas del país tienen derechos humanos, incluidos quienes cometen crímenes. Sin embargo, existe la creencia de que son un “arma” de los delincuentes para evitar la cárcel, pero en realidad es todo lo contrario.
En México, los derechos humanos son obligaciones jurídicas otorgadas por la ley. Todos tienen acceso a ellos y las autoridades no deben quebrantarlos, aunque se trate de delincuentes.
Que existan casos en los que personas que cometieron un delito puedan evitar la cárcel no son por culpa de los derechos humanos y quienes los defienden; sino porque en muchas ocasiones las autoridades no están lo suficientemente preparadas para llevar a cabo un proceso judicial con apego a la ley.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad del INEGI (ENPOL), todavía casi la mitad de las personas arrestadas en el país son incomunicadas, amenazadas con cargos falsos o con la muerte, desvestidas, golpeadas, torturadas o vendadas de ojos por quienes las detuvieron y durante su traslado a los Ministerios Públicos.
La situación en los Ministerios Públicos y las cárceles no es muy diferente. Gran parte de las personas arrestadas son agredidas por las autoridades y prácticamente son torturados para reconocer sus delitos o declararse culpables, aún cuando aseguran no serlo.
Quitar los derechos humanos a los delincuentes causaría más crimen
Un texto de Rafael Ruiz Harrell, profesor de filosofía del derecho e investigador de la UNAM que falleció en 2007, explica que la obligación del Estado es procurar el cumplimiento de los derechos humanos para evitar que el crimen crezca:
“Como de una u otra manera sucede lo mismo con todos los derechos humanos que establecen deberes a cargo del gobierno del Estado -y son los más-, la conclusión final es exactamente la contraria al punto en que empezamos: lo que alienta el crimen es el incumplimiento o la violación de los derechos humanos, no su defensa.
Quiero evitar cualquier duda sobre el punto: la delincuencia aumenta en una medida proporcional al grado en que el gobierno del Estado viola o descuida los derechos que tienen frente a él los gobernados. Vamos: la primera y fundamental causa social del crimen está en la violación a los derechos humanos. Para decirlo con simpleza: la criminalidad surge, sobre todo, del mal gobierno”.
Mara Gómez, doctora en Derecho por la UNAM y especialista en Justicia y Derechos Humanos, señaló en una columna publicada en el Sol de México que restringir a las personas acusadas de un delito de sus derechos humanos es provocar más arbitrariedades de las autoridades.
La especialista señala que es falso que defender los derechos humanos sea lo mismo que proteger a los criminales y que la creencia de que sirven para liberar presos es errónea:
“Respetar los derechos de los presuntos criminales no significa ‘premiarlos’ o dejarlos de castigar, ni dejar de buscar una reparación del daño para la víctima. Significa que es tan importante sancionar penalmente a los delincuentes, como no permitir que se prive de la libertad a inocentes”.
Que las autoridades respeten los derechos humanos de las personas acusadas de cometer un delito es su obligación. De no hacerlo, sería el mismo gobierno quien se convertiría en criminal y además se le dotaría de más poder para cometer más arbitrariedades.
De no existir los derechos humanos, una persona inocente que es arrestada de manera injusta podrá ser torturada hasta que acepte los cargos que las autoridades le impongan sin que haya una consecuencia.
Los derechos humanos, como explica Mara Gómez, no son un “seguro” para los delincuentes. Al contrario, son el conducto por el que se debe buscar un castigo acorde a la Ley por sus actos, en caso de ser culpable; o bien, para ayudar a liberar a quien ha sido arrestado de manera injusta.
La mayoría de las veces que se anuncia que un presunto criminal fue liberado porque se violaron sus derechos humanos se debe a que la autoridad no siguió sus propias reglas y cometió abusos durante el proceso.
Para evitar ese tipo de casos, los delincuentes deben pasar por el debido proceso tal y como marca la Ley y las autoridades de todos los niveles tiene que evitar cualquier acción que pueda ser tomada como una violación a sus derechos.
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