La noche del 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, desde ese día nadie sabe nada sobre su paradero.
Han pasado ocho años desde ese día y aún la polémica sigue ante las diversas acusaciones de impunidad, corrupción y supuesto vínculos con el narcotráfico. Este famoso crimen es conocido como caso Ayotzinapa y se encuentra entre los más mediáticos en la historia de México.
El caso ahora es señalado como crimen de Estado, un término poco utilizado ya que no se encuentra tipificado en la normativa mexicana, pero sí posee distintas características que podrían vincularlo con el caso de la desaparición de los 43 normalistas.
Los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos desaparecidos en 2014 desaparecieron sin dejar rastro y se presume la participación de policías municipales y personal del Ejército, supuestamente coludidos con autoridades locales, estatales y federales y es aquí donde el crimen de Estado toma lugar.
Qué es un Crimen de Estado
En voz de los expertos un Crimen de Estado es aquel en el que se involucran los diferentes niveles de autoridad que pertenecen al gobierno. En este caso supuestamente participaron elementos como la policía municipal y la estatal pero también, el ejército estuvo involucrado.
La presunta participación de instituciones gubernamentales para la desaparición de los 43 normalistas, podría significa que no cumplieron con una de sus funciones más relevantes que es el garantizar los derechos a la ciudadanía.
El involucramiento de elementos gubernamentales se conoce derivado de la primera versión oficial, la cual fue divulgada durante el gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esta decía que los desaparecidos fueron entregados por policías municipales al grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, los cuales los habían confundido con integrantes de los Rojos, banda rival. Seguido de esto, todos fueron asesinados e incinerarlos en el basurero municipal de Cocula en el mismo estado de Guerrero. Esta versión es conocida como “La Verdad Histórica”.
Las características de un crimen de Estado, de acuerdo con Jorge Jiménez, sociólogo y maestro en criminología de la Universidad Nacional Autónoma de México (quien dio sus declaraciones en una entrevista para un medio nacional), son las siguientes:
- Presencia de tortura.
- Participación de las autoridades.
- Violar los derechos humanos de los presuntos implicados.
- La construcción de “verdades históricas”.
En el artículo 1° de la Constitución Política Mexicana se establece la obligación específica del gobierno para garantizar la protección de los ciudadanos: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”.
En este sentido la participación, inacción u omisión por parte de las autoridades que presuntamente participaron, provocan la “responsabilidad total” al Estado mexicano.
Según la página International State Crime Iniciative declara que estos delitos son comunes en el mundo moderno, ya que son actos que son cometidos, instigados o tolerados por gobiernos y sus funcionarios. Un ejemplo son los crímenes de guerra, genocidio y corrupción.
El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a “encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes” y pocos días de iniciar su gobierno anunció la creación de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa y fue hasta 2020 que “La verdad histórica” se cancelara, incluso Amnistía Internacional dijo: “La Verdad Histórica no había atendido adecuadamente la línea de investigación” y que había una enorme red de complicidades en las que se involucraban a autoridades mexicanas, en todos los niveles. En la nueva versión del caso se han manejado términos como “Desaparición Forzada”.
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