Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cobró más de 122 millones de pesos por armas adquiridas por policías de 21 estados de la república, pero no existen registros de que se hayan entregado.
De acuerdo con el texto, firmado por Verónica Ayala y Valeria Durán, los estados de Chihuahua, Veracruz, Edomex, Morelos, Michoacán, Colima y la Ciudad de México son las entidades más afectadas por el incumplimiento de entrega por parte de la Sedena.
Para el reportaje, las periodistas de MCCI analizaron informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y hallaron que la Sedena omitió entregar 122.4 millones de pesos en armas, municiones, cartuchos y cargadores para armas largas y cortas a 21 estados del país que ya habían concretado los pagos correspondientes.
Esta clase de problemas no son nuevos dentro de la Sedena, explica la investigación. Los registros indican que en 2018 la ASF identificó retrasos en entregas de armas, por un equivalente a 32 mdp. En 2019, fueron 42 mdp; en 2020 el número aumentó a 122 mdp.
La lista de estados a los que la Sedena debe armamento que ya se pagó es la siguiente:
- Baja California.
- Baja California Sur.
- Coahuila.
- Colima.
- Chiapas.
- Chihuahua.
- Ciudad de México.
- Hidalgo.
- Jalisco.
- Estado de México.
- Michoacán.
- Morelos.
- Nayarit.
- Puebla.
- Querétaro.
- Quintana Roo.
- Tabasco.
- Tlaxcala.
- Veracruz.
- Yucatán.
- Zacatecas.
La investigación indica que los problemas en las entregas se deben a que no hay convenios interinstitucionales entre el Ejército y las policías de los estados para la adquisición del armamento y municiones.
Además, se menciona que de los 122 millones de pesos ya pagados, la Sedena únicamente reintegró 5.7 millones a tres entidades que solicitaron los recursos de regreso.
La Sedena es la única entidad facultada para vender armas y municiones en México. No existe otro proveedor (público o privado) que pueda comerciar este tipo de mercancía de manera legal dentro del país.
Sedena acumula escándalos
En las últimas semanas, la Sedena se ha visto involucrada en diferentes problemas que involucran acusaciones por corrupción, desvío de recursos y falta de transparencia.
Un reportaje presentado por Carlos Loret de Mola, en su programa en el canal Latinus, acusó directamente a la Defensa Nacional de otorgar contratos a empresas fantasma en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La investigación reveló que el grupo de ingenieros encargados de la construcción del AIFA dieron contratos por millones de pesos a empresas que no cumplen los requisitos para ser proveedores del gobierno e incluso a pequeños negocios, como una tlapalería en la Ciudad de México.
Un día después de que el caso salió a la luz, se anunciaron ascensos de grado en la Sedena, en la que varios militares, incluido René Trujillo Miranda, quien está a cargo de la obra como director del AIFA.
Asimismo, el lunes 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para declarar las obras del AIFA, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas (todas ellas construidas por militares) como asuntos de seguridad nacional.
La acción fue llamada por periodistas, organizaciones civiles e internautas como “el decretazo”, ya que se advierte que se trata de una forma de ocultar información y promover actos de corrupción.
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